El Pleno del Ayuntamiento de Colindres aprueba tres mociones del PRC relativas a la equiparación de prestaciones de la policía local, el remanente de tesorería y política territorial

También se aprobaron otras dos mociones conjuntas (PRC, PSOE y PP) sobre mejoras en los servicios del Centro de Salud y el mantenimiento de los registros civiles en los ayuntamientos

El Pleno del Ayuntamiento de Colindres aprobó, en sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles, tres mociones del grupo municipal del PRC relativas a la equiparación de las prestaciones de la policía local con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; la autorización del uso del remanente de tesorería de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda; y sobre política territorial en el marco de la constitución de 1978.

En cuanto a la propuesta sobre la Policía Local, que fue aprobada por unanimidad, se instaba al Gobierno de la Nación a que estudie la modificación de los contenidos del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, con el fin de posibilitar la incorporación al mismo del personal de las Policías Locales, en las mismas condiciones que el resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por otro lado, la moción relativa la remanente de tesorería, aprobada también por unanimidad, exigía al Gobierno de la Nación la modificación urgente de la legislación estatal para autorizar a los Ayuntamientos, con remanente de tesorería al cierre de ejerció presupuestario anual, poder utilizar el mismo en las actuaciones necesarias, tanto en políticas de gasto como en inversiones, que el propio ente determine, sin que supongan compromisos financieros de difícil cumplimiento en los años siguientes.

De la misma manera, la relativa a política territorial, consensuada previamente con el grupo municipal socialista, se aprobó con los votos del PRC y PSOE y la abstención del PP. En la propuesta de resolución de la misma se solicitaba a los gobiernos de España, de Comunidades Autónomas y a los Grupos con representación parlamentaria en el Congreso, en primer lugar, que cualquier proceso de diálogo, negociación o acuerdo, en relación con la distribucción territorial y competencial del poder en el Estado español, tenga como marco y como límite los contenidos recogidos en la Constitución Española de 6 de diciembre de 1.978; en segundo lugar, que cualquier propuesta de modificación en la distribucción del poder autonómico se fundamente en el equilibrio y solidaridad interterritorial; en tercer lugar, que cualquier negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica (bien se realice de forma bilateral o multilateral) se base en el principio de igualdad territorial, reconociendo el statu quo preexistente del actual modelo y considerando como parámetros fundamentales para la definición del nuevo sistema el coste efectivo de los servicios, el envejecimiento de la población, la orografía, y otros factores socio-económicos, de manera preferente sobre la financiación media por población ajustada, con el fin de respetar los principios de solidaridad y equilibrio interterritorial previstos en la Constitución Española de 1.978; en cuarto lugar, moderar el tono de los mensajes y propuestas relacionadas con Cataluña y el resto de las Autonomías que componen el mapa territorial español, avanzando en propuestas de consenso, colaboración, y diálogo -siempre dentro del marco constitucional- que pudieran servir para avanzar en la solución de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad el Estado español en relación con la distribución territorial del poder; en quinto lugar, respetar y cumplir la Constitución Española, por ser el marco de seguridad jurídica con el que nos hemos dotado democráticamente los españoles; y, por último, solicitar a aquellos grupos políticos con representación en el Congreso, que creen en un proyecto colectivo de país, para que consensúen y acuerden una política de Estado común.

Mociones Centro de Salud y mantenimiento de los Registros Civiles

La moción relativa a solicitud de mejoras en el Centro de Salud, fue previamente consensuada por todos los grupos políticos (PRC, PSOE y PP) y aprobada por unanimidad. En la misma se solicitaba a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria aumentar la plantilla con un pediatra y un médico de familia más, a tiempo completo, que realicen su función exclusivamente en Colindres; se revise la ratio de pediatras para disminuir el cupo de pacientes que atienden cada uno; se sustituya siempre a los médicos de atención primaria, enfermeras, matrona y pediatras en plantilla, cuando causan baja o ausencia por vacaciones; se derive siempre la atención de los pacientes a profesionales especializados; se reduzcan las listas de espera en la atención primaria de pediatría; se aumente el horario del SUAP; y, por último, se mejore el sistema de citas por teléfono o se vuelva a implantar el que hubo en la legislatura 2007-2011 bajo el gobierno PRC-PSOE, en el cual si, por la razón que fuera no respondían a las llamadas en el centro de salud, saltaba a un servicio centralizado de cita previa.

Por último, la propuesta para el mantenimiento de los registros civiles en los ayuntamientos, también consensuada y aprobada por unanimidad, solicitaba la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil que prevee para el 30 de junio de 2020 el cierre masivo de las oficinas del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones como Colindres, tras lo cual nuestros vecinos se verían privados de la atención directa, quedando obligados, bien a hacer las gestiones vía telemática, bien a recabar los servicios de una gestoría o bien a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una gran ciudad. Por tales motivos, se instaba al estado y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a la modificación de dicha ley, que garantice la prestación de este servicio público de forma directa en los municipios, manteniéndose, por tanto, la oficina del Registro Civil como hasta ahora.