Los regionalistas encuentran “similitudes” con el proceder del gobierno regional del PP en la anterior legislatura, que “privó” a los colindreses del uso y puestos de trabajo de las piscinas, durante tres años, por sus incumplimientos
El Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Colindres ha registrado una moción, en línea con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, para “evitar la venta” de Cantabria y “exigir” que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “cumpla” sus compromisos con los cántabros, especialmente, en la financiación del Hospital Marqués de Valdecilla.
En este sentido, recuerdan “el compromiso explícito” de Rajoy de “financiar íntegramente” las obras de Valdecilla. Compromiso que asumió, durante la campaña electoral ante la entonces vicepresidenta del Gobierno cántabro y actual presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, y el entonces alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, Iñigo de la Serna.
Y que reiteró, por carta, al actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Carta, en la que además de incidir en la financiación de Valdecilla, aludía a “los compromisos” con Cantabria relativos la implantación de la LOMCE, la inclusión de la Comarca del Besaya en el plan Reindus, el convenio para el desarrollo del Campus Comillas o el sistema de dependencia.
Presentados los Presupuestos Generales del Estado para 2017, una vez más, no se recogían las partidas comprometidas para Cantabria, siendo la de la financiación de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla la de mayor importe, 44 millones de euros, al tener que incluir la anualidad de 2016 –impagada por el Estado- y la comprometida para 2017.
Ante el revuelo popular, institucional y mediático que generó la decisión de eliminar nominalmente la partida, el propio Partido Popular de Cantabria anunció que su organización presentaría enmiendas a los Presupuestos del Estado para incluir esas cantidades. Transcurrido el plazo de enmiendas en el Congreso, resultó que los diputados del PP no las presentaron y, ante el escándalo que se produjo por este hecho, anunciaron que las presentarían en el Senado, en el que tenían mayoría holgada. Finalizado el plazo de enmiendas en el Senado el pasado día 12 de junio, el Partido Popular ha demostrado nuevamente que ha mentido descaradamente a los ciudadanos de Cantabria y que sus diputados y senadores, incluidos los de Cantabria, han traicionado los intereses que se comprometieron a defender.
Por estos motivos, en la propuesta de resolución, se solicita al Gobierno de Rajoy “articular” las fórmulas e instrumentos jurídicos-presupuestarios necesarios para “proceder al pago, dentro del ejercicio 2017, de los 44 millones de euros de Valdecilla”, lo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.
Además piden que se “respeten todos los compromisos adquiridos con Cantabria, todos los convenios firmados y abonar las cantidades que se deriven” de los mismos.
Y, por último, instan a Rajoy a que “garantice un trato equitativo, justo y solidario” a Cantabria, con el objeto de que “el pueblo cántabro no sea reo de criterios electoralistas y partidistas inadmisibles en un estado democrático y de derecho”.
Similitudes con el gobierno regional del PP en la anterior legislatura
Por otro lado, los regionalistas de Colindres encuentran similitudes con el “maltrato” que el gobierno de Ignacio Diego sometió a los colindreses “privándoles” del uso y puestos de trabajo de las piscinas cubiertas, durante tres años, al incumplir todos los compromisos de pago de la citada inversión.
Recuerdan que esta obra, iniciada en la legislatura 2007-2011, siendo Presidente de Cantabria Miguel Angel Revilla y Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, tras un convenio firmado por este último y el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria (CIDC), fue finalizada en el verano del año 2012.
Una vez entró el gobierno del PP (2011-2015) todo fueron obstáculos, anulando el excelente convenio firmado en la anterior legislatura que comprometía el pago de la obra y el déficit de gestión durante diez años, si le hubiere, por parte del Gobierno de Cantabria, al ser una instalación con “vocación” comarcal. Pero, además de no respetar el anterior convenio hasta la firma del nuevo en diciembre de 2013, tampoco cumplieron su propio convenio, al no querer abonar las anualidades pendientes. Todo esto tuvo como como respuesta la presentación de un contencioso-administrativo contra el propio gobierno que impidió la puesta en funcionamiento de la instalación hasta la entrada del nuevo gobierno PRC-PSOE.
