Los regionalistas registran sendas mociones, uniéndose así a las diferentes iniciativas del partido en el Senado, el Parlamento de Cantabria y los ayuntamientos
El PRC de Colindres ha registrado sendas mociones, para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno del ayuntamiento, instando al estado al “refuerzo de efectivos y mejora de las dotaciones de la Guardia Civil”; y a que “se garantice un Servicio de Correos público y esencial”.
Guardia Civil
El Partido Regionalista de Cantabria ha solicitado la recuperación “inmediata” de los efectivos suprimidos durante los últimos años para lo que ha presentado una serie de medidas “realistas y efectivas” para hacer atractivas las vacantes en zonas rurales además de recuperar la actividad de los cuarteles cerrados o con horario reducido.
Para ello, se están impulsando mociones en los ayuntamientos y en la Comisión de Interior del Senado, para hacer las medidas extensivas a toda España, según han dado a conocer en rueda de prensa la secretaria de Organización, Paula Fernández, y el senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, junto al secretario general del PRC de Castro Urdiales, Jesús Gutiérrez, quien ha mostrado su preocupación por cómo la merma de efectivos afecta a la seguridad en los municipios costeros como Castro Urdiales, Laredo o Colindres, entre otros.
De hecho, la secretaria de Organización del PRC ha sostenido que esta falta de efectivos es un “problema grave” en estos momentos en que se acerca el periodo estival en el que se prevé un aumento de población “importantísimo” y los integrantes de la Guardia Civil cogen las vacaciones que les corresponde.
Por ello, ha considerado que estamos ante un momento “muy complicado” en el que Cantabria tienen la cifra “más baja” de efectivos de los últimos 5 años, 1.158, según ha señalado el senador autonómico.
Además, según el catálogo de la Guardia Civil establecido para Cantabria, solo están ocupadas el 80% de las plazas y hay un 9% del personal de baja médica. Una situación que se va a “agravar” cuando los integrantes comiencen a disfrutar sus vacaciones y que afecta, especialmente, a los núcleos rurales donde los vecinos deben hacer kilómetros para poder realizar gestiones o los cuarteles no ofrecen los mismos por estar cerrados o tener reducido su horario.
De este modo, los regionalistas han considerado necesario volver a denunciar la situación y ofrecer medidas “efectivas y realistas” que han hablado y analizado con los representantes del Cuerpo.
Así, además de recuperar de “forma inmediata” los efectivos suprimidos durante los últimos años, en la moción, el PRC plantea “garantizar su suficiente dotación para la correcta prestación de todos los servicios”.
Igualmente, propone “devolver” la actividad a los cuarteles rurales cerrados o el horario de atención al público en aquellos que se ha reducido; y llevar a cabo un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones, tanto de dependencias oficiales como de viviendas “mediante convenios con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos en los que se contemple el uso compartido de esas infraestructuras”.
Por otra parte, también apunta la posibilidad de “habilitar” al personal de entre 60 y 65 años, para la realización de labores administrativas, lo que permitiría “ampliar el número de efectivos que pueden realizar servicio de protección de la seguridad ciudadana”.
Asimismo, plantea la organización de programas de formación en materias relacionadas con la actividad profesional de la Guardia Civil, dando preferencia en la asistencia a los efectivos destinados en el ámbito rural.
Por último, propone la implantación de un conjunto de incentivos para atraer personal a las plazas vacantes en zonas rurales, entre los que citan “como mínimo”: premiar la permanencia de, al menos, 5 años en destinos en el medio rural con una medalla pensionada que añada el baremo correspondientes en cursos de ascenso, especialización o destinos de méritos, e incentivar económica y fiscalmente la fijación de la residencia de los efectivos que se trasladen al medio rural, especialmente en zonas de riesgo severo de despoblación.
Correos
De la misma manera, desde el PRC se han puesto en marcha diferentes iniciativas legislativas en el Senado y en el Parlamento cántabro e impulsado mociones en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma con el objeto de “garantizar” el Servicio “público y esencial” de Correos.
Los regionalistas ponen en marcha estas iniciativas después de que los sindicatos, UGT y CCOO, hayan denunciado la precarización y la pérdida de empleo en esta empresa pública, cifrado en un 15%, y la reducción de las 
horas de atención en las oficinas de los núcleos rurales, en un 40%, además de recortes en su financiación.
Así lo han dado a conocer la secretaria de Organización, Paula Fernández Viaña, y el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, junto a los secretarios de Correos de UGT, Montse Noriega, y CCOO, Juan Carlos Aizpurúa.
Fernández Viaña ha recordado que los regionalistas ya impulsaron anteriormente medidas en este mismo sentido, cuando fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien infringió recortes en el servicio, y lo hace ahora cuando es el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Ahora, en coherencia en sus postulados, defendemos un servicio esencial que se va a ver afectado especialmente en aquellos municipios en riesgo de despoblación”, ha sostenido.
Por ello, “los regionalistas ponemos la maquinaria en marcha en aquellos municipios donde hay riesgo que este Servicio se vea mermado vamos a presentar mociones y una proposición en el Parlamento”, ha declarado.
Asimismo, ha apuntado que el senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, ya registró el pasado 4 de mayo un total de 14 preguntas “que aún no han obtenido respuesta” y que el Grupo Parlamentario defenderá el próximo lunes una proposición no de ley para hacer hincapié en “la necesidad de mantener este Servicio público y esencial en nuestra Comunidad Autónoma”.
En este sentido, Pedro Hernando ha subrayado que se trata de una iniciativa “que se ha redactado para que todos se vean reflejados”. “No es excluyente ni con contenido ideológico, simplemente se trata de defender al Servicio público de Correos, que tenga mejor financiación, que se cubran las plazas que estén vacantes, que el servicio sea de calidad y que cuando lleguen los fondos de Europa no nos olvidemos del Servicio de Correos”, ha apostillado.
A su juicio, “lo básico”, como es el Servicio de Correos, “no se puede mercantilizar” “y no puede entrar en juegos de privatizaciones o discusiones económicas”.
Al hilo, tanto Aizpurúa como Noriega, han subrayado que llevan un año denunciando los intentos de “desguace” y de “traspaso” de actividad, sobre todo en paquetería a la filial. “Se intenta vaciar de contenido a la empresa matriz”, ha incidido Noriega.
A esto hay que añadir los recortes en la financiación, la pérdida y la precariedad del empleo y la reducción de las horas de atención en las oficinas de Correos.
Aizpurúa ha sostenido que se ha recudido un tercio la financiación (en los últimos años, se aportaba una media de 220/180 millones millones al año y ahora en torno a 120 millones); que han amortizado o perdido un 15% del empleo; y que se ha mermado el servicio al reducir el horario de atención, especialmente, en las rurales donde “la merma” ha sido del 40%.
Además, ha incidido en que, mientras hace unos años el empleo en Correos se caracterizaba por ser “estable y de calidad”, ahora “la eventualidad se sitúa en un 35%”.
Palabras que han sido suscritas por la representante de UGT que ha denunciado que el modelo de jornada completa ha pasado a jornada de 4 horas diarias. “Este modelo se está llevando adelante, especialmente en oficinas. Se salva el reparto”, ha dicho.
Como ejemplo, ha puesto la oficina de Castro Urdiales, con 8 vacantes de 24, lo que repercute, tanto en los trabajadores como en el servicio.
Por ello, han reclamado a Correos “diálogo”. “Ahora está anclada en su puesto y no se atiene a la negociación. Esto influye a la hora del Servicio y el funcionamiento de la empresa”, ha sostenido.
De este modo, en su propuesta de resolución, el PRC solicita “reforzar” la financiación del Servicio para que “se garantice”, tanto un servicio de calidad como “la necesaria cohesión social y económica de todos los territorios”; “igualar” las oportunidades y los derechos de los ciudadanos del mundo rural “a través del refuerzo y la capilarización de la red de Oficinas auxiliares y Unidades de Reparto de Correos en las zonas rurales”; “garantizar”, mediante una oferta de empleo público, la cobertura de los puestos de trabajo estructurales, reduciendo la temporalidad y la parcialidad; “cumplir” lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, de los derechos de los usuarios y del mercado postal; y “aprovechar” los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para “modernizar, actualizar y adaptar” el Servicio.
